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iempre me he inclinado por la legalización de las drogas, medida que, a mi ver, muchas personas no captan bien, pues confunden el caso –que jamás debe ser permitido- que cualquier persona venda cocaína, marihuana, crack y otros estupefacientes, con el de comprarlas en forma institucional y a través de clínicas, farmacias y otras agencias autorizadas.

En la actualidad, cuando un individuo quiere, necesita o le urge su droga, la consigue en circunstancias peligrosas, sobre todo si tiene que inyectársela; en mayor peligro están quienes de una forma u otra se le tienen que dar, contrario a si se la dan en forma controlada y profesional, sin criminales y otros individuos de por medio, que sólo quieren envi-ciarlo más, para venderle más.

Cada vez se elevan otras voces autorizadas, senadores, congresistas, especialistas para que termine el flagelo del combate a los narcotraficantes que ganan más con lo prohibido.

El pasado viernes dos destacados funcionarios de Chicago cuestionaron le criminalización del consumo de las drogas, que no ha dado resultados al cumplirse 40 años de la “guerra al narcotráfico” promulgada por el presidente Richard M. Nixon. Según Toni Preckwinkle, presidenta del condado de Cook, en esas cuatro décadas no ha disminuido la venta ilegal de drogas ni la drogadicción, y han muerto muchas personas en el combate al narcotráfico en las ciudades de Estados Unidos y las cárceles se llenan de negros y latinos por el delito de vender ilegalmente porciones de heroína, cocaína y marihuana por parte de hombres y mujeres que no han hecho otra cosa más que responder a una demanda ilegal de esos estupefacientes.

Preckwinkle, indicó que cuesta más mantener a uno de esos presos en la cárcel, que educarlo y atender sus necesidades por la vía médica y social.

El nuevo superintendente de la Policía de Chicago, Garry McCarthy, dijo que el problema de la drogadicción y el tráfico de drogas debe atacarse por la vía social y clínica, más que por el lado criminal y jurídico.

Aunque por motivos políticos no lo han expresado abiertamente, ese debe ser el principal de los argumentos de quienes han organizado marchas contra la violencia en México, sin pensar en la responsabilidad del gobierno en atacar a quienes no solo trafican con drogas, sino que secuestran y matan; los manifestantes parecen no aceptar que, quienes han muerto son, en su mayoría, padres de familia e hijos metidos en el narcotráfico, donde ven grandes oportunidades con cárteles que pagan bien, aunque también los pongan de carne de cañón en sus enfrentamientos con el ejército o con el cartel rival.

Como lo dijo recientemente el ex-embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, muchos están en contra de la guerra contra el narcotráfico, que ha causado miles de muertes, pero nadie ha dado una solución ideal.

Pero el problema no deja de ser complejo, recientemente se le preguntó en Chicago al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, al colombiano Luis Alberto Moreno, sobre México y la legalización de los estupefacientes, a lo que contestó: “si se fueran a aprobar, será a través de una ley que tomaría por lo menos tres años, mientras tanto, el Presidente Felipe Calderón tiene que hacerle frente, porque no le queda otra”.