Por Manuel Narváez Narváez
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Directo y sin escalas estamos en ruta a la elección presidencial de julio venidero. Venga como venga, no hay vuelta de hoja, se acaba la era Calderón y comienza una nueva, inédita, si, porque si regresa el PRI, quiere decir que los panistas fracasaron; si es con AMLO, sería sorpresivo, y si es Josefina, pues haríamos historia con la primera mujer gobernante en México.
El ambiente electoral se va a poner de a peso, y que nadie se asuste por ello. No sería la primera ni la última vez, lo que sí puede ocurrir es que la credibilidad del Instituto Federal Electoral (IFE) continúe deteriorándose y la elección misma sea puesta en tela de juicio, independientemente de las diferencias entre los resultados.
Ya sabemos que el árbitro electoral, o sea, el IFE, sencillamente no se encuentra a la altura de las circunstancias. Un día se envalentona y sanciona a los defraudadores de la Ley, pero al día siguiente compensa al sancionado y le da rienda suelta para que haga y deshaga.
Acotados por los partidos políticos, los consejeros electorales y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), echan mano de la medida compensatoria muy utilizada por los silbantes del balompié mexicano. Cuando cometen un error perjudicando a un bando, los hombres de negro compensan dicho error con otro para equilibrar las cosas. Análogamente, la legislación electoral es letra muerta, y sólo se recurre a ella como referencia o ilustración de una falta; las tarjetas amarillas y rojas son decorativas.
Estas conclusiones son producto del batidero en que se han convertido las precampañas, las que están destinadas para aquellos partidos con contienda interna, es decir, con más de un interesado o interesada en competir por la candidatura presidencial. No son para que los aspirantes únicos se aprovechen de la debilidad y falta de autonomía de los consejeros electorales, que ante la presión ejercida desde las fracciones parlamentarias del congreso federal, y desde las cúpulas partidistas, ceden a las pretensiones ilegales y compensan sus resoluciones, vaya, juegan con el marcador.
Si la ley se aplica en estricto sentido, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no tendrían por qué andar haciendo proselitismo con toda impunidad como lo vienen haciendo. Pero el árbitro electoral es tan débil que permite este fraude y mientras el partido gobernante, que es el único iluso, inmerso en un precampaña interna, no tenga capacidad para hacer valer sus argumentos jurídicos ni respaldarlos con acciones efectivas, del mandado apenas si alcanzará para chorizo.
El IFE no va a cambiar su estrategia, mientras tanto, el PRI sigue al frente de las preferencias, el PEJE o la Josefina necesitan sacarle de ventaja al día de la elección no menos de seis puntos porcentuales, porque de ese tamaño es la movilización de su estructura territorial. Y que yo sepa la burocracia federal no guarda lealtades al PAN ni éste tiene la capacidad de movilización de los priístas.