NSN.- Luego de que el gobierno federal anunciara que el programa federal “Comunidades Seguras”, tiene que ser adoptado por todos los estados, puesto que no es opcional, se realizó una audiencia pública promovida por la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR, por sus siglas en ingles), donde se le pidió al presidente Barak Obama suspenderlo.
La ICIRR dijo desaprobar que la administración federal haya vetado esfuerzos de Illinois, Massachusetts y Nueva York, por no colaborar más en el programa con el argumento de que los estados no tienen la autoridad para dejar de compartir información de huellas dactilares con el gobierno federal.
En la audiencia que se llevó a cabo en el IBEW Hall, con un llamado a la acción, para alzar las voces instando al presidente Obama y su administración a atender el llamado de los miembros de la comunidad, activistas, líderes religiosos y funcionarios electos de todo el país para poner fin al programa mal llamado “Comunidades Seguras”.
“Lo más preocupante es que este anuncio fue hecho justo cuando un gran número de lideres comunitarios y funcionarios electos y miembros del Congreso pidió una investigación del programa, para revisar y hacer reformas creando un “Comité Asesor” para hacer frente a las crecientes preocupaciones planteadas en todo el país acerca de los impactos devastadores de ‘Comunidades Seguras’ en diversas comunidades”, indicaron los organizadores.
En Illinois el programa ha a sido rechazado por el propio gobernador Pat Quinn, sin embargo el gobierno federal, ha adoptado una forma unilateral de acuerdo con los estados que participaron en el programa, incluyendo Illinois, no lo harían en forma voluntaria sino obligatoria.
En Illinois, el 78% de los inmigrantes detenidos por el ICE en este programa no tienen antecedentes penales, o son culpables de delitos menores, por otra parte, las agencias locales para la aplicación de la ley, correrá con los gastos del programa, incluido el espacio en las cárceles.
Lo más lamentable, indicaron, es que las agencias locales de policía deben lidiar con la falta de confianza que debe tener con las comunidades de inmigrantes y la policía para que puedan dedicarse a las tareas de seguridad pública.
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