En Chicago se ha dado rasgos de la nefasta campaña de los conservadores “una persona, un voto”, y se vio cuando la empleada de un concejal latino de Chicago, decía en una reunión de comerciantes que su jefe no asistía a las juntas a las que lo invitaba el grupo “porque en esta área, ni siquiera votaron por él”.
Entonces, surge la pregunta que es la de miles de personas a través de la nación: ¿El representante, sea municipal, del condado, estatal o federal, representa solo a quienes votan, a quienes podrían quitarle, darle o hacer que conserve esa posición?, la respuesta desde el punto de vista humano y democrático es “no”.
El representante de cada legislatura, y para este caso el alcalde o el gobernador, debe trabajar conforme las necesidades y deseos de todos los residentes independientemente de si votan o no, o si son ciudadanos, residentes legales o indocumentados.
El caso que afecta a todos los que viven en los Estados Unidos y que poca atención ha merecido de los medios en español, y se comentó poco o nada la decisión hecha la semana pasada en la Suprema Corte en la cual se falló en contra de “una persona, un voto” con lo cual los mapas de cada distrito de legislador, sea municipal, condal, estatal o federal se basarían en la cantidad de ciudadanos en edad de votar. O sea que, si en la actualidad cada distrito federal está integrado por aproximadamente 500 mil habitantes, el mapa se basaría en áreas con personas que pueden votar, o sea unas cuantos miles.
El deseo de los conservadores, principalmente de los estados con mayoría de población blanca, ha sido que el legislador represente solo a personas que podrían votar, dejando sin considerar a niños, adolescentes y a miles de inmigrantes que, son indocumentados o residentes legales.
Mi argumento se limita a exponer la falta de sentido administrativo y de igualdad, cuando todo trabajador, que no sea ciudadano, paga impuestos al hacer sus compras, pagar al Seguro Social, aporta un dinero que ayuda directamente a los salarios de los mismos legisladores.
Oculto en todo esto, está el otro interés que no tiene que ver con el voto o la ciudadanía, sino con el dinero que dan a esos mismos políticos los hombres de negocios y empresas para sus campañas, personajes con grandes intereses que no necesariamente radican en el distrito del político que quieren tener de su parte.
Afortunadamente la Suprema Corte falló por unanimidad cuando se decía, que no podía dar fallos adecuados porque solo son ocho los magistrados, tras la muerte de Antonin Escalia, pero no se requerían tantos para votar en contra de los caciques de los dos partidos que han insistido desde hace décadas en desconocer el factor humano de su trabajo enfocado en todos, no solo en los que votan que han sido siempre una minoría.
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