Es sorprendente, casi increíble, que el gobierno de los Estados Unidos se preocupe tanto por la seguridad de la ciudadanía americana sobretodo después del 9-11, y tan poco por la seguridad en la frontera del sur, en la que hoy y mañana, todos los días, pasan armas hacia México.

El control de la inmigración ilegal ha aumentado con cientos de miles de indocumentados arrestados y regresados a México y Centro América, sin embargo, el descontrol del traspaso de las armas es el mismo desde hace décadas.

Tuvo que morir un agente, integrante militar del cuerpo diplomático de los Estados Unidos a manos de los Zetas, para que en Washington D.C. le pusieran un poco más de atención al problema, atención que se tradujo en una investigación que ha determinado que el agente fue atacado con una arma vendida ilegalmente y llevada a México.

De varios meses a la fecha la misma prensa estadounidense ha reportado la ya antigua falta de control de la venta de armas bien pagadas por los millonarios de los cárteles con las que aterrorizan a la ciudadanía mexicana y centroamericana, lo que continua siendo un caso de tercera importancia en los departamentos de Estado y Homeland Securitty.

No basta que en los Estados Unidos se consuma la mayor parte de la droga, objeto del sangriento narcotráfico, ni basta que el trasiego se haga con apoyo de poderosas armas de fuego fabricadas y vendidas aquí y pasadas por la frontera ante oficiales que, encogidos de hombros, las dejan pasar en aras del libre comercio.

Mientras la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles y los Zetas continúa, la ciudadanía mexicana espera otro golpe de suerte con la muerte de uno o varios agentes norteamericanos más, para que se haga algo serio contra el mal social y de salud del trasiego de armas que está causando decenas de miles de vidas mexicanas, una pérdida que Estados Unidos seguramente no  quiere compartir.