Son los inmigrantes, no los “inmigrantes indocumentados” los que han sufrido el más reciente ataque frontal de las autoridades, en un desmedido afán de obedecer las leyes mientras se violan leyes humanas.

Las importantes leyes de los Derechos Humanos se han violado ya en diferentes partes del país, empezado por Arizona, pero Alabama quiso superarlo y ha aprobado una ley que prohíbirá pronto el ingreso a las escuelas públicas de niños sin los debidos papeles de inmigración.

¿Qué culpa tienen los niños para que se les castigue negándoles la entrada a una escuela?. Ellos son los primeros afectados en este caos propiciado por la inacción del gobierno federal que encabeza un país que, en general, es mejor que lo que lo hacer ver decenas de gobiernos locales.

La ley de Alabama, estamos seguros, no podrá ser sustentada por leyes constitucionales como no han sido sustentadas otras menos graves de la reforma hecha en Arizona. Es el gesto de racismo, discriminación e irresponsabilidad el que condenamos.

Alabama les ha dicho a los hijos de inmigrantes indocumentados que no pueden asistir a una escuela pública, aunque sus padres trabajen produciendo con su trabajo, generando riquezas y pagando impuestos.

¿Pueden los hijos de los asesinos en serie, violadores y otros criminales que están en las cárceles donde su cuidado y su sostén nos cuestan en impuestos más de 50 mil dólares anuales cada uno, asistir a una escuela pública? Sí.

Esta enorme paradoja de injusticia grita a gran volumen para que sean arregladas cuanto antes le rotas leyes federales de inmigración, antes de que en municipios, condados y estados, los caciques locales se sigan burlando de la constitución, a costa de millones de trabajadores y sus hijos.