NSN.- Por los delitos “contra la humanidad” es demandado en una corte del estado de Connecticut el ex-presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gobernaba México cuando se produjo una masacre de campesinos por parte del ejército en el estado de Chiapas.

Esta misma semana, Zedillo declaró por medio de un portavoz que la demanda “no tienen ningún mérito”.

La firma de abogados de Miami, Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. presentó la demanda judicial ante el Tribunal Federal de Connecticut por crímenes de guerra y otros “delitos de lesa humanidad” en contra Zedillo, quien fuera Presidente de México desde 1994 hasta el año 2000.

El ex-mandatario mexicano Zedillo, vive en Connecticut, donde dicta clases en la Universidad de Yale, en New Haven. La demanda se centra en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, cuando grupos de paramilitares, armados, financiados y entrenados por miembros de las fuerzas armadas mexicanas, realizaba un “plan de contrainsurgencia”, dando muerte a 45 hombres, mujeres y niños de la villa de Acteal, en el estado de Chiapas.

Entre los demandantes se encuentran sobrevivientes, viudas e hijos de algunas víctimas. Según la demanda judicial, la masacre surgió a partir de la implementación por parte del gobierno mexicano del “Plan de Campaña Chiapas ‘94”, un documento secreto del gobierno mexicano que esbozaba un plan para doblegar al insurgente movimiento Zapatista de la década de 1990.

Supuestamente, Zeddillo conspiró con Jorge Madrazo Cuellar, fiscal y procurador general de México, para encubrir el rol del entonces presidente, antes y durante la masacre y como parte de ese encubrimiento, alrededor de 128 personas de la zona cercana a Acteal fueron acorraladas y arrestadas.

En octubre de 2007, 34 personas fueron condenadas por varios delitos, incluyendo homicidio y agresión agravada, y varias fueron sentenciadas a 26 años de prisión. En agosto de 2009, sin embargo, la Suprema Corte mexicana revocó 20 de esas condenas por abuso de la parte acusadora, incluyendo la fabricación de pruebas y violaciones de leyes penales y constitucionales, y ordenó la liberación de los prisioneros luego de 11 años.

Un acta de protección de la ONU para las víctimas de muerte y tortura (Torture Victim Protection Act) otorga a los extranjeros el derecho a obtener reparaciones legales en los tribunales de los Estados Unidos.