La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones, sometieron recientemente una demanda acusando al gobierno federal, entre otras cosas, de negarles la respuesta judicial que merecen en corte, las madres de los niños detenidos en la frontera y de interferir con sus esfuerzos de obtener ayuda legal que las guíe cuando van a presentarse ante los jueces de inmigración.

El caso es complicado, pero destaca la nueva costumbre del gobierno de desconocer los derechos, antes vitales, como los de ser informado de los cargos para tener la oportunidad de refutarlos y ser representado por un abogado y para apelar diferentes fallos.

Hemos visto ese sistema en la detención de sospechosos de ser inmigrantes indocumentados, sin la oportunidad de una audiencia; lo hemos visto en la indiscriminada colección de datos hecha por la Agencia Nacional de Seguridad y lo hemos visto en las declaraciones del Presidente Obama sobre su derecho a matar ciudadanos americanos en el extranjero, sin ninguna supervisión judicial legislativa cuando cree que es “práctico” capturar a un americano envuelto en actos de terrorismo y que representa un peligro inminente para los Estados Unidos.

En estos ejemplos, el gobierno federal enfatiza lo expedito y al mismo tiempo sus propias preferencias sobre los derechos individuales, particularmente el derecho a ser atendido y el derecho de apelar ante las cortes como se establece en la 5ª Enmienda y en casos como no acompañados y detenidos en la frontera.