NSN.- El empresario mexicano Noel Rafael Hernández perdió todo al ser deportado: familia, casa, negocio y mucho dinero al contratar el servicio de un abogado que mintió al juez y lo abandonó sin informarle sobre un reglamento que obliga a la discreción y a privacidad en un proceso judicial.

Hernández es un hombre de negocios de 43 años de edad es propietario de la micro compañía de mantenimiento NHJ&Painting que emplea a 13 personas en Chicago y padre de dos niñas de 16 y cuatro años y sin antecedentes penales.

El pastor de una iglesia que apoya a este inmigrante indicó que tal vez hubiera tenido una gran oportunidad si hubiera recibido la atención adecuada, si alguien le hubiera informado sobre sus derechos.

La llamada “discreción procesal” aprobada recientemente por el presidente Barack Obama tiene más de 20 casos en los que se contempla evitar la expulsión de indocumentados, como la de tener hijos ciudadanos o familiares veteranos o en el Ejército, o no tener antecedentes penales. Este padre de familia se queja de la falta de información oficial igual como le sucedió a Jesús González, de 25 años, otro emigrantes repatriado en 2010, por la falta de atención y la protección legal apropiada.

Un error en el acta de nacimiento de sus niños Marisol y Joseph impide a la abuela luchar por la custodia porque la madre murió de un derrame cerebral. Al inscribirlos en este país el registro civil escribió mal el apellido del padre: Gonzáles, en lugar de González.