NSN.- En estados como Illinois y Wisconsin hay distritos escolares en los que se han pedido documentos de inmigración como requisito para inscribir a niños en escuelas púbicas, ya sean primarias o secundarias, según lo declarado por un abogado de MALDEF (Mexican American Legal Defence and Educational Fund).

Lo expresado por el abogado James A. Ferg-Cadima, se produjo a la luz de una investigación nacional del Procurador de Justicia de la Nación, Eric Holder, quien citó “perturbadores reportes” en contra de hijos de inmigrantes indocumentados.

A petición de Holder, la Procuraduría de Justicia inició una campaña nacional para aclarar el caso de los requisitos para ser inscrito en una escuela pública ya que en ninguna deben pedir un número del Seguro Social ni una identificación oficial como la licencia de manejar, menos aún una acta de nacimiento ni siquiera para comprobar la edad del estudiante, ya que hay otras formas de hacerlo.

El recordatorio del Procurador sobre el requerimiento de documentos de inmigración se basa en la decisión de la Suprema Corte dada en 1982 cuando se determinó que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a asistir a las escuelas públicas. Se reafirma que solamente se deben pedir pruebas que indiquen donde vive el niño y que estas pueden ser un recibo del gas, la electricidad, el teléfono, el agua o la renta.

Lamentó Holder que “se continúe sabiendo de perturbadoras acciones que causan un escalofriante impacto en el estudiante, cuando se elevan las barreras para los niños de familias inmigrantes” al indicar que el problema de petición de pruebas de residencia legal persiste en estados como Florida, Virginia, Alabama, Lousisna, Kentucky, North Carolina y Texas

Ferg-Cadima, dijo que MALDEF ha documentado estos casos de discriminación en Illinois, Wisconsin, Mississipi y Rode Island. En ocasiones, dijo, el problema consiste en el personal escolar que no sabe de las leyes pero que, en otras instancias, se actúa con el ánimo que ciertos funcionarios escolares tienen contra los inmigrantes.

Agregó que la organización sin fines lucrativos que representa se ha encontrado con casos en los cuales los empleados de una escuela, utilizan “guías clandestinas de admisión proveídas por organizaciones anti-inmigrantes. A veces los mismos oficiales escolares son anti-inmigrantes. En otros casos lo hacen por confusión”.

El Departamento de Justicia ha enviado a los distritos escolares guías de admisión basadas en el fallo dado hace 32 años.