La comisión del Vaticano para proteger a los menores de edad inició su labor con candidez, advirtiendo que el escándalo de sacerdotes pedófilos ha sido un problema mundial que requiere reformas que hagan responsables a los líderes diocesanos. “En la mente de muchas personas es un problema americano, un problema irlandés, un problema alemán”, dijo la semana pasada en Roma el cardenal Sean O’Malley de Boston, miembro de la comisión.

Este realismo sobre los desafíos del problema contrasta con la defensa de la iglesia días antes, cuando la delegación del Vaticano en Ginebra, compareció ante un comité de las Naciones Unidas, se le criticó duramente por evadir el problema y no apoyar el tratado internacional sobre la tortura. “No nos debemos fosilizar en el pasado”, declaró el arzobispo Silvano Tomasi, como si encubrir el escándalo fuera a disiparse en la historia.

Tomasi insistió en que la iglesia ha avanzado “limpiando la casa” y ofreció la lista hecha por el Vaticano de 848 sacerdotes despedidos por abuso sexual de menores en una década y otros 2,572 disciplinados. Los mismos números subrayan el tamaño del escándalo y el retraso para combatir el problema.

En el conteo no estaba el papel cómplice de prelados diocesanos. El cardenal O’Mally, dijo que la comisión desea “claros y efectivos protocolos para responsabilizar efectivamente a los líderes responsables para que no vuelvan a evitar sus obligaciones ante autoridades civiles.

El Papa Francisco ha dicho que la iglesia ha hecho un trabajo efectivo ante el escándalo, hará bien en considerar las críticas y recomendaciones que su comisión promete.