Lo que han dicho tanto republicanos como demócratas, sobre lo que debe hacer o no hacer el presidente Barack Obama con la vacante dejada por el magistrado Antonin Escalía, carece de sentido común ante la ley y la Constitución.

La solución al artificial y gratuito embrollo, que raya en la ridiculez es simple: que cada quien haga lo que cree que tiene que hacer, sin embargo han aprovechado el caso para sangrarse inútilmente en medio de la campaña presidencial, más álgida y “peleada” que la realizada en 1988, cuando el presidente republicano Ronald Reagan nombró a Anthony Kennedy, a un año antes de dejar el poder.

Se han citado los nombres de varios latinos que pudieran ser nominados para el importante puesto por Obama, quien puede nombrar, tal vez no al mejor candidato, sino al que pase la prueba política en un Senado de mayoría republicana, hacerlo no solo es su derecho, sino también su obligación y si a los senadores no les place el nombramiento, que lo rechacen, también es su derecho y su obligación, es una controversia permitida por la Constitución y propia de la democracia.
Hacer el nombramiento es parte del mecanismo político, que parecen no entender quienes rayan en lo ridículo sobre lo que tiene que hacer el presidente, y lo que deben hacer ellos mismos.

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