Parece increíble que una cantidad tan grande de ciudadanos, originaria de un país tan cercano a los Estados Unidos, no pueda ejercer el voto, una práctica tan importante.

Lo indicado en el párrafo anterior debe ser motivo de denuncias y protestas, no con los esperados ánimos políticos o partidistas, sino con el principio de los derechos humanos cuando se niega a millones de mexicanos, muchos de los cuales viven como parias en las dos naciones, una en la que trabajan pero si ninguna estatura jurídica (menos ciudadana) y la otra, que los deja partir sin que puedan votar donde quiera que se encuentren, una premisa constitucional ninguneada por el Congreso mexicano.

Y conforme se acerca el esperado “año político”, con la renovación de poderes ejecutivos en ambos países, se deja en el olvido un hueco que toca llenar a las autoridades mexicanas no tanto al IFE (Instituto Federal Electoral) pero de sobra se sabe la enorme falta de voluntad existente en el Congreso y el marasmo que le inyectan los representantes de los tres partidos al IFE que lo que hace es el ridículo en el extranjero diciendo que hace “mucho” cuando su obra tiene todos los niveles de la ridiculez.

Solicitudes, listas, sobres, identificaciones… dan risa cuando lo que deben hacer es abrir las puertas del territorio mexicano que hay en todos los consulados y embajadas para que vote el que quiera tras presentar una buena tarjeta de identificación, ya sea la credencial de elector o la matrícula consular que tan buena ha resultado para que sea reconocida por los gobiernos del exterior.

Votar es, no solo un privilegio, es un deber, pero no de esta forma, con requisitos y condiciones que manchan la pureza del sufragio más allá de que su estatus natural como seguro, libre y secreto.

El voto es la encarnada persona jurídica que no debe negarse a ningún ciudadano,  menos aún en una nación que se diga “democrática”.