El hecho de que las leyes sobre recaudación de fondos hayan sido cambiadas hace varios años no cambia las cosas en la maleada parte de la política, tal vez las empeora en perjuicio de la ciudadanía.

Si en el pasado había obstáculos para que el funcionario electo por el voto popular dispusiera de los fondos sobrantes de su campaña, en la actualidad pueden disponer de ellos, sean miles de dólares o millones, con una sencilla condición: que reporten esos ingresos al Internal Revenue Service (IRS).

El destacado político local de Chicago, uno de los extrovertidos con que haya contado la ciudad desde hace décadas, William Beavers, ha sido acusado por el fiscal federal Patrick Fitzgerald, no por haber gastado en asuntos personales $226,000 dólares de los ingresos colectados para campañas electorales y otras actividades políticas, sino por no haber reportado esos ingresos al IRS.

Como todos los políticos de todos los niveles, Beavers no obtuvo ese dinero de dos o tres millonarios donantes, los obtuvo como producto de diferentes actividades de recaudación en las cuales gente sencilla, obreros o amas de casa, también quisieron “ayudarle” para ser electo, primero como regidor y después como uno de los comisionados del condado de Cook y si acaso los dineros del pueblo constituían un pequeño monto del total, la cantidad reunida, como todas las reunidas por los políticos, grande o pequeña, era para una causa política de poder y representación, no para los trajes caros y los automóviles de lujo a que tanto es dado este veterano político afro-americano.

Del caso federal contra Beavers, pueden surgir dos cosas positivas: un severo castigo en su contra, si resulta culpable, y un repaso concienzudo a las leyes de recaudación de fondos colectados para campañas políticas, que deben servir también para otros proposititos, no el de enriquecer a estos funcionarios que tan buenos salarios perciben.