Cualquier funcionario público con menos substancia política de la que tanta hace falta en todas partes, hubiera cedido a las presiones eliminando la nueva ley a favor de los inmigrantes indocumentados detenidos en la cárcel de la 26 y la California.

La ley, idea del comisionado Jesús García y aprobada por Toni Preckwinkle y otros comisionados del condado, impide que los agentes de Inmmigration and Cuostums Enforcement (ICE) estén a la espera de que se complete un contingente de inmigrantes indocumentados para completar un viaje de avión y deportarlos a México.

Resulta que la muerte accidental causada por el inmigrante indocumentado Saúl Chávez, quien había sido detenido bajo la nueva ley y dejado en libertad bajo fianza, sin ser deportado, causó que varios comisionados pidieran eliminarla, pero después de varios debates, Preckwinkle dio el veredicto final: “la ley se queda como está” tomando una actitud categórica sin que se tomara en cuenta el caso del accidente causado por Chávez..

El caso de Chávez, hoy un prófugo de la justicia, tiene que ver más con el juez que le impuso la fianza después de su detención y comparecencia, que con la detención injusta de cientos de indocumentados que por delitos de tránsito, unos insignificantes, son expuestos a ser deportados dejando mujer, hijos y empleo por culpa de una antigua practica de cooperación entre el condado y ICE.

La medida populista y con más bonos políticos en términos de votos, hubiese sido eliminar la ley a varios meses de ser aprobada, pero la Presidenta fue categórica y supo discernir entra emoción los dos casos igual de delicados, el de inmigrantes deportados, en su mayoría por delitos menores de carácter local y el del homicidio involuntario causado en un accidente de tráfico por un indocumentado.

Que a Chávez se le encuentre y que caiga sobre él, todo el peso de la ley si es culpable del grave accidente, que para ello hay leyes y duras sentencias y que ICE no se meta en asuntos menores de la policía local que no le está permitido.