El debate nacional sobre lo que se tiene que hacer contra el uso casi indiscriminado de las armas de fuego, alcanza niveles de caos cuando, por un lado, sobran las razones ya expresadas para impedir su proliferación en calles y hogares, mientras parecen encontrarse más pretextos, no sólo para que continúe la situación actual, sino para que se incrementen las pistolas y rifles de alto poder.

Cuando se habla de los derechos de la constitución promulgados en la Segunda Enmienda, son muchos los que olvidan el derecho primordial de la vida de niños, mujeres y ancianos que por naturaleza no pueden portar armas, ni siquiera como artículo de defensa.

Se pregona en demasía el derecho de tener y portar armas pero se habla muy poco del derecho de que niños, mujeres y ancianos vivan en paz, sin sobresaltos ante un posible ataque que puede venir de cualquiera, aún de un enfermo mental porque ni siquiera se está contemplado hoy, un sistema universal de chequeo sobre el estado mental de cada persona que vaya a comprar una arma de fuego.

En el constitucional permiso de comprar, vender, portar y poseer armas de fuego hay muchos huecos plenamente detectados a través de los cuales una pistola o un rifle puede ir a parar en las manos de personas completamente inaptas para ellas: los enfermos mentales y los criminales, pero ni siquiera se habla hoy de eliminar esos huecos.

Si bien es cierto que históricamente Estados Unidos es una nación guerrera y que la ciudadanía americana tiene en alto celo sus derecho de autodefensa, lo que ha ocurrido en Newtown, lo que acaba de pasar en Chicago con el asesinato de una adolescente ejemplar cerca de su casa, es para esperar algo realmente positivo de estas discusiones políticas y legislativas, por lo menos para que se establezcan en este mismo año, claras formas legales para impedir que las armas queden en manos de quienes no pueden ni deben utilizarlas.