NSN.- Las dos caras de la moneda sobre la situación de inestabilidad legal para los inmigrantes indocumentados en los estados de Georgia y Carolina del Sur se vieron esta semana.

En una decisión que ha evocado la batalla legal recorrida por la ley SB1070 de Arizona, el juez federal de distrito Thomas W. Thrash Jr, decidió bloquear las partes en que se autorizaban a los cuerpos policiales locales y estatales a cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio cuando vieran una “causa probable”.

El magistrado expresó que “los policías estatales y funcionarios no tienen autorización para arrestar, detener o perseguir a nadie con base en las secciones 7 y 8 de la ley HB87, mientras esta medida se encuentre en efecto. Thrash suspendió además una cláusula que amenaza con convertir en delincuentes a todos aquellos que transporten, ofrezcan ayuda o refugio a inmigrantes indocumentados.

Organizaciones como la Liga Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) festejaron la decisión y argumentaron que la resolución judicial “era de esperar”. La HB87 es una copia de la ley Arizona y Liga Anti-Difamación y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, y los gobiernos de 12 países latinoamericanos (México entre ellos) han presentado testimonios que respaldan a los demandantes.

A diferencia de la controvertida ley de Arizona, en Georgia se pretendía ir más allá, ya que estipulaba, que los trabajadores condenados por el uso de documentos falsos en la obtención de empleo pueden recibir sentencias de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.

Posible policía especial en Carolina del Sur

La gobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley, autorizó crear una unidad policial especializada para combatir al inmigración ilegal.

“La gobernadora ha decidido firmar una ley draconiana que no sólo hará daño a la comunidad, sino que traerá consigo gastos innecesarios con cargo a los contribuyentes”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración. La ley autoriza a los agentes de la policía a indagar el estatus migratorio de sospechosos de ser indocumentados.

Mientras aplaudía la decisión del juez federal en el caso de Georgoa,  la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su descontento por la promulgación de la ley S20 de Carolina del Sur.