Por Ezequiel Banda Sifuentes

Se han acabado los argumentos de quienes se oponían a que, por ley, los inmigrantes indocumentados pudieran conseguir una licencia de manejo, legítima, legal.

En el pasado, las reacciones de quienes se oponían a tales permisos era simple, o más bien, simplista: “otorgar licencias de manejar a más de 150 mil conductores que están ilegalmente en el país?, si el manejar es un privilegio, ¿Por qué dar ese privilegio a quienes de por sí viven violando una ley? Además, es peligroso y contra la seguridad nacional, el que un inmigrante que sea terrorista bien puede manejar un vehículo cargado de dinamita.

Ni siquiera vale la pena refutar todo lo expuesto en el párrafo anterior, la razón y el sentido común son superiores a cualquier esfuerzo mejor invertido en explicar las bondades de una ley, que pondrá virtualmente al mismo nivel a todos los conductores para que todos, sean sometidos a una prueba de manejo antes de obtener una licencia, a todos los conductor se les exige un seguro de auto, a todos se les quitará el vehículo una vez que el automovilista haya incurrido en una especifica violación en lo que para el inmigrante indocumentado produce un agravante: su posible deportación, agravante que de todos modos es una posibilidad actual.

Carreteras más seguras con conductores instruidos sobre las reglas del camino, más vehículos asegurados, conductores que no tendrán menos razones de huir después de un accidente porque saben que las consecuencias serán peores para ellos; seguridad económica, sin que tengan que ser perjudicados en una demanda porque un seguro responderá por los daños infligidos en un accidente y un listado de inmigrantes indocumentados que, criminales o no, estarán en poder del gobierno del estado y por ende, de las autoridades en general en caso de importantes investigaciones.

Un motivo más para esta legalización, es la inminente nueva ley de inmigración que deberá tomará mejor en cuenta a los inmigrantes “sin papeles” que estén mejor equipados legalmente.

Las licencias para indocumentados es un caso muy maduro, los argumentos han sido refutados en los niveles local y estatal, los discursos se han agotado. Lo que falta es que la legislatura se de prisa en corregir lo que ha estado mal desde hace muchas décadas.