Por Lorenzo Bansi

Hay una razonable forma de enfrentar la llegada de los niños centroamericanos a la frontera y la Casa Blanca hace lo mejor que puede hacerse, y pide al Congreso que apruebe 3.7 billones de dólares en fondos de emergencia para emplear más jueces de inmigración, para la asistencia legal a niños y padres y para ayudar al cuidado que se les da en albergues de Texas y otros estados.

Se pide más dinero para la guardia fronteriza y para acelerar los juicios y las deportaciones de los adultos que llegaron con niños, repatriar inmigrantes y hacerse cargo de lo que causa su salida de El Salvador, Honduras y Guatemala. Con los fondos se atacará el problema, aunque deben ser más para emplear abogados de inmigración y ayuda humanitaria y menos agentes y ladrones.

Sin embargo, en lugar de aprobar lo que pide Obama, los republicanos ponen obstáculos y con su peligrosa reacción, piden acciones que hace peor la situación. Quieren que las deportaciones de los niños sean rápidas deshaciendo la llamada Acta de Autorización para la Protección de Víctimas de Tráfico Humano, firmada en el 2008 por el presidente George W. Bush y que da a protección legal y humanitaria a niños que llegan de países que no sean México y Canadá, sin la compañía de un adulto.

Dicha ley fue hecha para impedir la muerte de inocentes. Al eliminar esa protección aumentará la tragedia. El Presidente tiene que dejar eso bien claro.
Desgraciadamente envió una señal equivocada durante la visita que hizo a Texas la semana pasada, donde puso su petición de fondos en conflicto con una petición separada al secretario de Seguridad Nacional, al pedirle “flexibilidad” bajo el acta del 2008. “Parte de lo que buscamos es buscar algo que sea de suplemento”, dijo Obama, “algo flexible para poder preservar el trato justo a individuos que entran, pero también enviar un mensaje fuerte de que ellos no simplemente pueden llegar a la frontera y automáticamente asuman que serán abolidos”.

Cuidado con la palabra “flexible” y trato justo que no embonan bien, con una falta de cortes de inmigración y menos en medio de desastre para refugiados mientras hay niños que huyen de la violencia de las pandillas.

Recientemente la corresponsal Frances Robles, detalló la crisis en escalofriantes detalles: en El Salvador, el asesinato de niños menores de 17 años aumentó en un 77 por ciento de un año a la fecha. De San Pedro Sula, Honduras, con el índice de asesinatos más elevado del mundo, llegaron a Estados Unidos 2,200 niños de enero a mayo, más que de cualquier ciudad de Centroamérica. Ahí utilizan navajas, pistolas y hasta granadas.

Los legisladores que tratan de darle vuelta a las leyes, regresar a estos niños a donde viven en peligro, muestran su ceguera ante la tragedia humanitaria.
Pero esta ceguera es característica de la política migratoria, con décadas de una militarización en la frontera sin reformas al sistema de visas para mejorar la inmigración legal, la misma que impide que la gente entre, impide también que la gente salga. Inmigrantes inclinados a trabajar aquí y poder viajar a su país, son inducidos a quedarse, lo que hace que echen raíces y quieran traer a su familia.

Los republicanos propician este círculo, creando pánico con nuevas medidas en la frontera incluida su petición de que Obama de que mande a la Guardia Nacional. Los naturistas protestan bloqueando la llegada de autobuses como se ha visto en Murrieta, CA. Las milicias domésticas que piden levantarse en armas. Mientras tanto el pase ilegal en la frontera es inferior a los que se vieron en años anteriores. El sellar la frontera es un mito y la llegada de unos cuantos miles de perseguidos, niños refugiados no hace que ese mito sea una verdad.