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ay mucho de trasfondo en lo aprobado por una votación de 6 a 3 por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, al determinar que una compañía debe ser castigada por emplear inmigrantes indocumentados.

Lo decidido en la máxima corte de la Nación se presta, más que al análisis de lo judicial, a las contradicciones y a una serie de interpretaciones, dejando como dice la frase que ya es de cliché, “más preguntas que respuestas”.

Si ya existe el nefasto E-Verify que toda empresa puede utilizar para determinar la legalidad de los documentos de sus empleados, ¿por qué simplemente no hizo obligatoria su utilización?

¿Cómo afectará a la larga esta medida al comercio y la industria de la nación aunque esto se haya hecho solamente en reacción a lo aplicado en Arizona?.

¿Fue la acción de la Suprema Corte una muestra de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no han podido hacer su trabajo reformando las leyes de inmigración?

¿Dará esta decisión mayor fuerza a los argumentos de que hace falta un arreglo a las rotas leyes de inmigración por parte del Capitolio y la Casas Blanca?.

Mientras estas preguntas encuentran eco en el ámbito nacional, particularmente en Washington, D. C., ya tenemos el E-Verify para hacerle frente, un sistema de identificación electrónica y cibernética que puede ser utilizada solamente en empleados –o candidatos a ser empleados- solamente de los que se sospeche que han presentado documentos falsos, una oportunidad para el racismo.

Que la decisión sea otro campanazo para que la legislatura federal actúe, antes de que el estatus de los inmigrantes siga dando tumbos con leyes municipales, condales y estatales, porque, nadie pone orden  propiciando la inestabilidad industrial y comercial y aún más, la estabilidad de miles de familias.